Tras la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones, México pasa a convertirse en punto de referencia a nivel global en temas como servicios digitales y participación digital en línea, ganando terreno al posicionarse dentro de los primeros lugares frente a otros países.
Debido al crecimiento exponencial en comercio electrónico estos últimos años, los titanes tecnológicos como Facebook, Amazon, Netflix, entre otros., han puesto la mira en el país ya que representa una parte significativa del consumo de información en internet a una escala internacional, genera altos ingresos y, aparentemente, flexibilidad tributaria causada por ausencia de actualizaciones en las leyes, reglamentos y códigos que nos rigen.
Ante una normatividad mexicana incipiente que busca seguir controlando la generación de ingresos y el pago por el usufructo del valor de estos, el grupo parlamentario del PRD se vio en la necesidad de adecuar una medida y política fiscal de la Unión Europea, la cual consiste en pagar un nuevo impuesto por el valor subyacente de los servicios digitales que ofrezcan las grandes compañías tecnológicas extranjeras en México aun cuando no operen con un establecimiento permanente dentro de territorio nacional. Esta iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados y se denominó Ley del Impuesto sobre Ingresos
Procedentes de Servicios Digitales.
Sin embargo, a pesar de que esta iniciativa con proyecto de decreto busca nuevos caminos para tratar de evidenciar el urgente proteccionismo que carecen los estándares y medidas que dan continuidad a la operación dentro y fuera del país, en un principio, para evitar la fuga de capital que pudiese ser resguardado en carteras mexicanas, ha topado con pared frente a opiniones de expertos en el ámbito fiscal. Por un lado tenemos a un representante de la misma autoridad, Luis Antonio González Flores, administrador central de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Diversos del SAT, mencionó en una entrevista lo impráctico que es crear un nuevo impuesto para gravar las transacciones digitales cuando habría mejores resultados al cobrar de manera adecuada los ya existentes. Existen ambigüedades al no indicar los beneficios como las deducciones que se pueden disminuir al pago, contraviene las políticas del nuevo gobierno en cuanto a que
no se crearían nuevos impuestos y en caso de entrar en vigor con su tasa del 3%, incrementaría el porcentaje aplicable al adicionarse el pago sobre la misma base del Impuesto Sobre la Renta.
Hoy en día, la economía digital sigue por encima de la normatividad de cada país. No obstante, el esfuerzo por parte del gobierno mexicano y las soluciones a nivel global para evitar la sobrerregulación es de admirarse, ya que buscan mantenerse en constante movimiento y hacer frente a los cambios que han volteado nuestra realidad.

Lamentablemente todavía no es suficiente y sí, la tecnología ha ganado esta batalla, pero
esto apenas comienza.

Jorge Covarrubias Senés